Por Pierre Dumas
La esclavitud es ilegal en todo el mundo, pero no ha desaparecido. La OIT calcula que casi 50 millones de personas se encontraban en alguna forma de esclavitud moderna en 2021. El problema adquiere una dimensión particular en el Golfo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están transformando el turismo en una herramienta central de diversificación económica y proyección internacional, mientras millones de trabajadores migrantes siguen expuestos a sistemas laborales que organismos internacionales vinculan con riesgos de trabajo forzoso. El debate cobra además nueva actualidad después de que Naciones Unidas avanzara en 2026 sobre la reparación de los daños históricos provocados por la trata de africanos esclavizados.
La primera precisión es indispensable porque, en un tema de esta sensibilidad, las palabras importan. No existe hoy un país donde la propiedad legal de seres humanos sea reconocida como una institución legítima comparable con la esclavitud de los siglos pasados. Sin embargo, eso no significa que la esclavitud haya desaparecido. Persisten formas de esclavitud por ascendencia, servidumbre por deudas, trata de personas, matrimonio forzado y, sobre todo, trabajo impuesto mediante amenazas, retención de salarios, endeudamiento, confiscación de documentos, imposibilidad práctica de abandonar al empleador u otras formas de coerción.
La Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones estimaron que 49,6 millones de personas vivían en situaciones definidas como esclavitud moderna en 2021: 27,6 millones sometidas a trabajo forzoso y unos 22 millones a matrimonios forzados. De quienes estaban en trabajo forzoso, 17,3 millones eran explotados en la economía privada y 3,9 millones realizaban trabajo impuesto por Estados. Los trabajadores migrantes presentan, además, aproximadamente tres veces más riesgo de caer en trabajo forzoso que quienes trabajan en sus países de origen. Son las estimaciones mundiales más completas disponibles, pero corresponden a 2021 y no deben interpretarse como un censo actualizado de víctimas en 2026.
Esa misma cautela debe aplicarse al Global Slavery Index 2023, basado en datos de 2021. Según ese índice, los diez países con mayor prevalencia de esclavitud son Corea del Norte, Eritrea, Mauritania, Arabia Saudita, Turquía, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Afganistán y Kuwait. A la excepción de unos pocos países de esta lista (Corea del Norte o Rusia), todos forman parte del mundo árabo-musulmán, donde la trata de seres humanos fue la más larga y la más importante de la historia. Históricamente, fue mucho más lóngeva que la trata atlántica que llevó a millones de africanos esclavizados a las Américas. También fue más importante en números y existe todavía bajo formas escondidas en varios países, desde Mauritania hasta el Golfo Pérsico.
Los casos extremos donde el turismo es secundario
Algunos de los casos más graves tienen una relación bastante marginal con el turismo internacional. Corea del Norteconstituye uno de los ejemplos más claros de trabajo forzoso impuesto por el Estado. Naciones Unidas ha documentado un sistema que alcanza a prisioneros, trabajadores de empresas estatales, conscriptos, brigadas laborales, estudiantes y ciudadanos enviados a trabajar en el extranjero. Un informe del Alto Comisionado de la ONU señaló que determinadas situaciones pueden llegar jurídicamente al crimen de lesa humanidad de esclavización.
Una imagen satelital del campo de concentración de Kwanliso en Corea del Norte:
En ese contexto, el debate turístico es relativamente sencillo de identificar porque los viajes están fuertemente controlados por el Estado y gran parte de la actividad económica vinculada con el visitante se integra en estructuras oficiales. Pero Corea del Norte representa un flujo turístico diminuto en comparación con los grandes destinos internacionales y, por lo tanto, no es allí donde se plantea el principal dilema contemporáneo entre turismo global y trabajo vulnerable.
Algo parecido sucede con Eritrea. Su servicio nacional debería durar legalmente 18 meses, pero desde fines de la década de 1990 puede prolongarse durante años o incluso décadas. Human Rights Watch y organismos internacionales siguen describiendo en 2026 el uso de conscriptos en condiciones de trabajo forzoso, además de restricciones severas para abandonar el servicio. Eritrea, sin embargo, tampoco es un destino integrado a los grandes circuitos turísticos mundiales.
Mauritania plantea otro fenómeno: la supervivencia de la esclavitud basada en la ascendencia. La esclavitud fue abolida formalmente en 1981 y posteriormente criminalizada, pero organismos internacionales continúan registrando situaciones en las que el estatus social asociado a la descendencia de antiguos esclavos se transmite entre generaciones. La Comisión de Expertos de la OIT reconoció en su evaluación publicada en 2026 avances legales, pero señaló problemas en la aplicación de las normas, recursos insuficientes y la persistencia de prácticas y actitudes sociales vinculadas con la esclavitud.
Una protesta contra la esclavitud en Mauritania, en 2022:
Mauritania recibe viajeros interesados en el Sahara, Chinguetti, Ouadane, el tren del mineral de hierro o el Parque Nacional del Banco de Arguin, pero su volumen turístico permanece muy lejos del de los grandes destinos mundiales. Por eso, aunque la contradicción ética existe, su dimensión económica en el sistema turístico global es limitada.
Sumba: cuando la servidumbre hereditaria aparece junto a un destino turístico
Hay una excepción que merece atención: Sumba, en Indonesia. La isla se ha incorporado progresivamente al turismo internacional gracias al surf, sus playas, paisajes rurales y alojamientos de alta gama. Sin embargo, una investigación de AFP publicada en julio de 2026 documentó en sectores de Sumba Oriental la persistencia de una estructura hereditaria conocida localmente como ata, en la que determinadas personas nacen dentro de familias históricamente consideradas dependientes y pueden realizar trabajos sin remuneración y transmitir ese estatus a sus descendientes. La esclavitud es ilegal en Indonesia desde hace más de siglo y medio, de modo que no se trata de una institución reconocida por el Estado indonesio.
Prohibida por el poder colonial holandés durante el siglo XIX, la esclavitud persiste en una isla de Indonesia. Oficialmente es “por tradición”…
Es importante no convertir este fenómeno localizado en una caracterización de Indonesia ni siquiera de toda Sumba. Precisamente por eso el caso resulta revelador para el turismo: un visitante puede encontrarse en un resort internacional, utilizar servicios de alto nivel y, a pocos kilómetros, desplazarse por una sociedad donde sobreviven relaciones históricas de dependencia difíciles de percibir desde el circuito turístico.
El verdadero dilema turístico está en el Golfo
La discusión adquiere otra escala cuando se observa el Consejo de Cooperación del Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán no son Estados aislados del turismo mundial. Por el contrario, algunos de ellos están utilizando deliberadamente el turismo, la aviación, el deporte, los grandes eventos, los museos y la hotelería como instrumentos para diversificar economías dependientes de los hidrocarburos y proyectar una nueva imagen internacional.
Es allí donde la cuestión deja de ser anecdótica. Walk Free estimó que 1,7 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en los Estados árabes en 2021, con una prevalencia de 10,1 por cada mil habitantes, la más elevada entre las regiones analizadas. En sus estimaciones nacionales, Arabia Saudita aparecía con 21,3 personas cada mil, Emiratos con 13,4, Kuwait con 13, Jordania con 10 y Qatar con 6,8. Estas cifras incluyen diversas formas de esclavitud moderna —no exclusivamente trabajo forzoso y mucho menos exclusivamente trabajadores turísticos—, pero muestran la dimensión del problema.
La característica fundamental de estas economías es su enorme dependencia de trabajadores extranjeros. Según la OIT, los Estados árabes presentan la mayor proporción de trabajadores migrantes dentro de la fuerza laboral entre las regiones del mundo. En Emiratos Árabes Unidos hay alrededor de 8,7 millones de trabajadores migrantes, más del 80% de la población residente. En Qatar, Human Rights Watch calcula que los migrantes representan más del 91% de la población.
Qué es realmente la kafala
En el centro de la discusión aparece constantemente la palabra kafala. Conviene nuevamente precisar: la kafala no equivale automáticamente a esclavitud. Se trata de un sistema de patrocinio migratorio mediante el cual el derecho de residencia y trabajo de una persona extranjera se encuentra relacionado con un empleador o patrocinador.
El problema surge cuando esa dependencia es tan intensa que el trabajador pierde en la práctica la libertad de cambiar de empleo, abandonar el país, reclamar salarios o alejarse de una situación abusiva. La OIT explica que esas restricciones crean un marcado desequilibrio de poder y aumentan el riesgo de explotación laboral y trabajo forzoso. Variantes del sistema existen o han existido en Bahréin, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos.
No todos esos países mantienen hoy exactamente las mismas reglas. Durante la última década se produjeron reformas importantes, especialmente en Qatar y Arabia Saudita, mientras Emiratos ha modificado su legislación laboral y, en enero de 2026, ratificó el Protocolo de 2014 de la OIT relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso. El problema señalado por organismos internacionales ya no es solamente qué dice la ley, sino hasta qué punto el trabajador puede ejercer efectivamente esos derechos frente a su empleador, una agencia de contratación o un subcontratista.
Arabia Saudita: 29 millones de turistas extranjeros y una transformación gigantesca
Ningún país permite observar mejor esta contradicción que Arabia Saudita. Hasta hace pocos años, el turismo internacional no religioso ocupaba un lugar menor. La introducción de la visa turística electrónica en 2019 modificó el modelo y convirtió al sector en uno de los pilares de Vision 2030.
Los datos oficiales muestran la escala del cambio. Arabia Saudita registró en 2025 alrededor de 123 millones de turistas domésticos e internacionales, un 6% más que el año anterior. De ellos, 29,3 millones llegaron desde el extranjero. El gasto turístico total alcanzó aproximadamente 304.000 millones de riales sauditas. Después de superar anticipadamente su objetivo original de 100 millones de visitas, el reino elevó la meta a 150 millones para 2030.
AlUla, The Red Sea, Diriyah, Qiddiya, NEOM, nuevos resorts, aeropuertos, líneas ferroviarias, eventos internacionales, Expo 2030 y el Mundial de Fútbol de 2034 forman parte de un mismo proceso. En términos de política exterior, el turismo permite presentar una Arabia Saudita distinta de la imagen internacional que tuvo durante décadas: abierta al ocio internacional, conectada mediante nuevas rutas aéreas y capaz de competir por grandes eventos globales. Es una forma reconocible de soft power, aun cuando su objetivo interno más inmediato sea diversificar la economía.
Pero la infraestructura material necesaria para ese cambio depende en gran medida de trabajadores migrantes. Human Rights Watch calcula que hay 13,4 millones de trabajadores migrantes en Arabia Saudita y ha advertido que solamente la preparación del Mundial de 2034 contempla más de 185.000 nuevas habitaciones hoteleras, además de estadios, carreteras, aeropuertos y redes ferroviarias. La organización documentó entre trabajadores migrantes casos de comisiones de contratación elevadas, salarios impagos, restricciones para cambiar de empleo, riesgos frente al calor extremo y muertes laborales deficientemente investigadas; algunos casos, según HRW, pueden alcanzar las condiciones jurídicas del trabajo forzoso.
Walk Free estimó para 2021 unas 740.000 personas en condiciones de esclavitud moderna en Arabia Saudita. Es especialmente importante no transformar ese número en “740.000 trabajadores esclavos de la industria turística”: el índice incorpora diferentes formas de esclavitud moderna y no permite realizar esa inferencia sectorial. Sí muestra, en cambio, que un país que desarrolla una de las mayores expansiones turísticas contemporáneas presenta también una elevada exposición estructural al problema.
Arabia Saudita también está reformando su legislación
La descripción sería incompleta si se ignoraran los cambios recientes. El Gobierno saudita sostiene que reemplazó la kafala tradicional por un modelo contractual que facilita el cambio de empleo y las salidas del país para numerosos trabajadores del sector privado. Desde enero de 2026 también hizo obligatorio que todos los salarios de los trabajadores domésticos sean transferidos electrónicamente, con el propósito declarado de documentar los pagos y reducir la retención salarial. Arabia Saudita mantiene además un programa de cooperación con la OIT que incluye movilidad laboral, contratación justa, protección de trabajadores domésticos, acceso a la justicia y seguridad laboral.
La discrepancia está en la evaluación de esos cambios. Human Rights Watch afirma en su informe mundial de 2026 que varias características del sistema de patrocinio continúan otorgando un elevado control a los empleadores. Amnesty International, que investigó específicamente las condiciones de trabajadoras domésticas kenianas, sostuvo en 2025 que algunas trabajaban más de 16 horas diarias, sin descanso y sin libertad para abandonar la vivienda, en situaciones que podían constituir trabajo forzoso y trata. La organización señala además que alrededor de cuatro millones de trabajadores domésticos se encuentran fuera de la cobertura general de la ley laboral saudita.
El cuadro, por lo tanto, no es el de un sistema inmóvil. Existe una tensión entre reformas reales y problemas persistentes de cobertura, fiscalización y acceso efectivo a los derechos.
Emiratos: detrás del mayor escaparate turístico de la región
En Emiratos Árabes Unidos, la relación entre turismo, migración laboral y proyección internacional es todavía más visible. Dubai recibió 19,59 millones de turistas internacionales con pernocte en 2025, su tercer récord anual consecutivo. Abu Dhabi, por su parte, informó 26,6 millones de visitantes durante ese año y 5,9 millones de huéspedes hoteleros.
Aeropuertos, Emirates y Etihad, resorts, centros comerciales, museos, islas artificiales, exposiciones, parques temáticos y grandes eventos forman parte de un modelo donde el turismo se mezcla con la condición del país como hub aéreo, financiero y empresarial internacional.
Al mismo tiempo, más del 80% de la población residente está formada por trabajadores migrantes. Walk Free estimó que en 2021 había unas 132.000 personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna, equivalentes a 13,4 por cada mil habitantes. Nuevamente, se trata de una estimación de todas las formas de esclavitud moderna, no de un recuento de trabajadores de hoteles o de la construcción.
Emiratos ha adoptado reformas y en enero de 2026 se convirtió en el segundo país del Golfo en ratificar el Protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso. Es un avance institucional relevante. Pero el enorme peso del empleo migrante hace que la contratación internacional, los intermediarios laborales, el alojamiento, los salarios y la retención de documentos continúen siendo áreas que requieren vigilancia.
Para el turismo existe además un problema menos visible: el hotel no necesariamente emplea directamente a todas las personas que trabajan en él. Limpieza, mantenimiento, seguridad, lavandería, jardinería o transporte pueden estar tercerizados. La World Sustainable Hospitality Alliance identifica precisamente esas cadenas de subcontratación y las comisiones cobradas por agencias de reclutamiento como factores de riesgo de endeudamiento y trabajo forzoso en la hotelería.
Qatar: el Mundial mostró hasta dónde puede llegar la presión internacional
Qatar proporciona probablemente el laboratorio más estudiado de esta relación. La construcción de infraestructura para el Mundial de 2022 colocó las condiciones de los trabajadores migrantes bajo un escrutinio internacional excepcional y condujo a reformas que la OIT considera significativas.
Entre ellas se incluyeron la eliminación de buena parte de los permisos de salida, la posibilidad legal de cambiar de empleador sin autorización previa, un salario mínimo no discriminatorio, mecanismos de protección salarial y fondos destinados a trabajadores cuyos empleadores incumplieran sus obligaciones. En los primeros años de las reformas, cientos de miles de solicitudes para cambiar de trabajo fueron aprobadas. La OIT ha señalado al mismo tiempo que persisten obstáculos de implementación y represalias empresariales.
Human Rights Watch sostuvo en su balance de 2026 que el control de los empleadores sigue siendo considerable y que trabajadores que intentan cambiar de puesto pueden encontrar obstáculos que contradicen el espíritu de las reformas. Por eso Qatar ilustra dos cosas simultáneamente: la presión generada por un megaevento internacional puede provocar modificaciones laborales importantes, pero la aprobación de una ley no elimina automáticamente prácticas arraigadas.
Qatar continúa, además, expandiendo el turismo después del Mundial. Recibió 5,1 millones de visitantes internacionales en 2025, un 3,7% más que el año anterior, y vendió más de 10,8 millones de noches de alojamiento.
Kuwait, Omán, Bahréin, Jordania y Líbano
El problema no termina en los tres países de mayor visibilidad internacional. Kuwait aparecía en el Global Slavery Index con una prevalencia estimada de 13 personas cada mil; Bahréin y Omán también mantienen sistemas de patrocinio laboral, aunque han introducido diferentes mecanismos de movilidad y protección. Jordania y Líbano presentan riesgos especialmente elevados para las trabajadoras domésticas migrantes. Walk Free señala que las mujeres empleadas dentro de hogares privados son particularmente vulnerables porque el trabajo se desarrolla fuera del alcance habitual de las inspecciones laborales.
Sin embargo, la dimensión turística es diferente. Líbano y Jordania poseen sectores turísticos importantes, pero no están utilizando actualmente inversiones turísticas de la escala saudita o emiratí como eje principal de reposicionamiento global. Kuwait tampoco tiene por ahora el peso turístico de Dubai, Doha o Riyad. Por eso, el vínculo entre esclavitud moderna y soft power turístico resulta especialmente evidente en los grandes proyectos del Golfo.
¿Qué significa entonces gastar dinero como turista?
La respuesta no puede reducirse a que cada dólar gastado convierte al viajero en responsable directo de una violación laboral. El funcionamiento económico es bastante más complejo. El turismo también genera puestos de trabajo, remesas que sostienen hogares en India, Nepal, Bangladesh, Filipinas, Sri Lanka, Kenia o Etiopía y oportunidades económicas que explican precisamente por qué millones de personas aceptan migrar hacia los países del Golfo.
La cuestión ética aparece cuando esa migración se produce mediante deuda de contratación, engaño contractual, salarios retenidos, imposibilidad de abandonar al empleador, confiscación de documentos, amenazas o condiciones que impiden realmente rechazar el trabajo. Esos son algunos de los elementos que permiten distinguir un empleo simplemente mal remunerado de una situación potencial de trabajo forzoso.
En el turismo, el visitante participa de tres cadenas distintas. Está la más evidente, formada por quienes trabajan en hoteles, restaurantes, aeropuertos, transporte y atracciones. Existe otra, menos visible, integrada por quienes construyeron esos hoteles, aeropuertos, estadios o resorts. Y finalmente aparece la cadena de capital: buena parte de los grandes proyectos del Golfo pertenece a empresas estatales, fondos soberanos o compañías vinculadas con estrategias nacionales de desarrollo.
Eso hace que viajar a Dubai, Doha, AlUla o el Mar Rojo no sea equivalente a alojarse simplemente en una empresa privada de cualquier otro país. En muchos casos, la experiencia turística forma parte explícita de una estrategia nacional de imagen, inversión y posicionamiento internacional.
¿Hay que dejar de viajara esos países?
No existe una respuesta universalmente aceptada. Tampoco los organismos especializados sostienen que el boicot turístico individual sea la única conducta ética posible. De hecho, una reducción brusca de visitantes puede perjudicar incluso a trabajadores formales, en hoteles, restaurantes, taxis y pequeñas empresas, antes de erradicar el trabajo esclavo.
Una herramienta más concreta es incorporar las condiciones laborales como un criterio de consumo turístico, del mismo modo que progresivamente se incorporaron la huella ambiental, el bienestar animal o el impacto sobre comunidades locales. Eso significa buscar empresas que publiquen políticas de derechos humanos, que apliquen el principio de que las comisiones de contratación deben ser pagadas por el empleador y no por el trabajador, que prohíban retener pasaportes, que auditen agencias intermediarias y que dispongan de mecanismos de denuncia accesibles también para personal tercerizado.
No basta con elegir automáticamente una cadena internacional. La tercerización puede ocultar riesgos incluso dentro de marcas que poseen códigos corporativos detallados. La OIT desarrolló específicamente para la hotelería de Qatar herramientas de diligencia debida sobre agencias de contratación, proveedores y mecanismos de reclamo, señal de que el problema no termina en la recepción de un hotel ni en quien figura formalmente como empleador.
Para el viajero hay también una regla elemental: no transformar la explotación en espectáculo. Fotografiar clandestinamente trabajadores, intentar interrogarlos delante de supervisores o buscar deliberadamente campamentos laborales puede poner a esas personas en una situación más vulnerable. Investigar condiciones de trabajo y hacer turismo son actividades diferentes, especialmente en países con límites estrictos sobre fotografía, información y actividad política.
Y en 2026 reapareció otra palabra: reparaciones
Todo este debate coincide con un giro importante dentro de Naciones Unidas respecto de la esclavitud histórica, aunque se trata de una cuestión jurídicamente distinta.
El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones una resolución que calificó la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como “el crimen más grave contra la humanidad” y colocó explícitamente la justicia reparadora en la agenda internacional. La resolución fue impulsada por Ghana con apoyo del Grupo Africano. Como resolución de la Asamblea General, no establece por sí sola indemnizaciones obligatorias ni determina cuánto debería pagar cada Estado.
El paso más novedoso llegó este 31 de agosto de 2026. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU aprobó su Recomendación General Nº 40 sobre justicia reparadora por colonialismo, trata de africanos esclavizados y esclavitud racializada. El Comité sostiene que las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial exigen a los Estados abordar tanto los daños históricos como sus consecuencias contemporáneas.
La reparación que plantea Naciones Unidas tampoco se limita a entregar dinero. El documento contempla una combinación de medidas que puede incluir compensación económica, restitución, reconocimiento oficial, acceso a archivos, educación histórica, modificación de memoriales, comisiones independientes de verdad, rehabilitación y garantías de no repetición. El argumento es que el daño no terminó con la abolición formal porque determinadas desigualdades económicas, raciales y patrimoniales continúan reproduciendo efectos de aquellos sistemas.
Si bien se mira principalmente hacia Europa y las Américas como principales responsables, la resolución se deberá aplicar a todo el arco árabo-musulmán, donde la esclavitud fue más importante, más antigua y todavía tiene varios avatares en pleno siglo XXI.
Dos esclavitudes que no conviene confundir
Sin embargo, es importante aportar una distinción fundamental. La discusión actual de Naciones Unidas sobre reparaciones está centrada principalmente en la trata de africanos esclavizados, la esclavitud racializada y el colonialismo, es decir, sistemas históricos en los que una persona podía convertirse jurídicamente en propiedad de otra y ese estatus podía transmitirse a sus hijos.
Cuando hoy se habla de “esclavitud moderna” en Arabia Saudita, Emiratos o Qatar se utiliza una categoría paraguas que incluye fundamentalmente trabajo forzoso, servidumbre por deudas, trata y matrimonio forzado. Son violaciones graves de derechos humanos y pueden alcanzar jurídicamente la esclavización en situaciones extremas, pero no son idénticas al sistema de esclavitud racial hereditaria de las plantaciones americanas.
Por eso tampoco sería correcto concluir que la reciente decisión de la ONU está exigiendo automáticamente a los países del Golfo indemnizaciones por las actuales condiciones actuales de trabajadores migrantes (aunque sí se podría aplicar por sus conductas del pasado). Las obligaciones frente a estos trabajadores derivan principalmente del derecho laboral, los convenios contra el trabajo forzoso, la legislación contra la trata y las normas internacionales de derechos humanos. La justicia reparadora por la esclavitud histórica y la lucha contra la esclavitud moderna son debates relacionados por una misma preocupación por la coerción y la dignidad humana, pero jurídicamente diferentes.
El turismo convierte esa contradicción en algo visible
La novedad del Golfo es que la cuestión laboral coincide con una transformación turística de una escala pocas veces vista. Arabia Saudita pasó en pocos años de prácticamente no conceder visas turísticas generales a recibir casi 30 millones de visitantes internacionales. Dubai supera los 19 millones de turistas extranjeros anuales. Qatar ha utilizado el Mundial y una agenda permanente de eventos para consolidar un sector turístico internacional.
Estos países no esconden la importancia estratégica del turismo: la presentan como parte de su futuro económico. Arabia Saudita quiere llegar a 150 millones de visitas en 2030 y crear 1,6 millones de empleos vinculados con el sector. Dubai sitúa al turismo entre las herramientas centrales de su agenda económica D33. Qatar continúa utilizando eventos internacionales para sostener el flujo de visitantes.
Precisamente por eso, las condiciones de quienes construyen y hacen funcionar ese modelo turístico dejan de ser una cuestión periférica. Cada nuevo resort, aeropuerto, museo, estadio y distrito de entretenimiento aumenta simultáneamente la capacidad de atracción del destino y la necesidad de trabajadores.
La experiencia de Qatar mostró que esa exposición internacional también puede producir presión para modificar normas laborales. Emiratos ratificó en 2026 un instrumento central de la OIT contra el trabajo forzoso. Arabia Saudita está ampliando sistemas digitales de contratos y salarios mientras coopera con la OIT. Ninguno de estos procesos permite afirmar que el problema esté resuelto, pero tampoco corresponde presentar la región como si nada hubiera cambiado.
El dilema para el turismo contemporáneo se encuentra justamente allí: viajar ya no consiste únicamente en preguntarse qué hay para ver en un destino, sino también quién construyó aquello que se visita, quién limpia la habitación, quién conduce el automóvil, quién sirve la mesa y bajo qué condiciones puede esa persona abandonar su empleo.
La esclavitud legal pertenece al pasado. La coerción laboral, la servidumbre por deuda y otras formas de esclavitud moderna, en cambio, forman parte del presente. Y en algunos de los destinos que más están invirtiendo para atraer al viajero global, esa contradicción se encuentra hoy en el centro mismo del modelo turístico.
Puedo seguir la publicación definitiva de la Recomendación General Nº 40 de la ONU y cualquier reacción de los gobiernos involucrados, porque el debate sobre reparaciones acaba de entrar en una nueva etapa y probablemente genere novedades en los próximos días.
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